(01/04/2026) Ante la apremiante realidad que viven los servicios dedicados a las personas más vulnerables, la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) dirigió una carta formal al Ministro de Salud de la Nación, Dr. Mario Lugones. En el documento, los obispos manifiestan su profunda preocupación por la “crisis económica de extrema gravedad” que atraviesan los hogares y centros de atención, mencionando explícitamente el riesgo real que enfrentan nuestros Cottolengos Don Orione.
La falta de regularización de los pagos desde finales de 2025 y la insuficiencia de los aportes estatales están poniendo en jaque la continuidad de la atención integral —alimentación, salud y salarios— de miles de personas. Como familia orionita, nos unimos al pedido de la Iglesia para que la discapacidad no sea objeto de recortes ni disputas políticas.
A continuación, compartimos el texto completo de la misiva:
Carta de la Conferencia Episcopal Argentina al Ministro de Salud
Prot. CEA N° 40/2026
Buenos Aires, 01 de abril de 2026
Al Sr. Ministro de Salud de la Nación
Dr. Mario Lugones
Presente
De nuestra mayor consideración:
La Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina desea acercarle, con respeto y preocupación, estas líneas ante la grave situación que atraviesan numerosas instituciones dedicadas al cuidado y acompañamiento de personas con discapacidad en nuestro país.
Muchas de ellas se encuentran hoy en una crisis económica de extrema gravedad, debido al retraso y la insuficiencia de los aportes estatales, lo que ha generado déficits que comprometen aspectos esenciales de la atención, como la alimentación, los medicamentos y el pago de los salarios de quienes dedican su vida al cuidado de las personas con discapacidad.
En estos días se ha hecho visible, de manera especialmente dolorosa, la situación de muchas instituciones, donde se sostiene una tarea silenciosa y generosa que expresa lo mejor de nuestra tradición solidaria: el cuidado cotidiano de quienes más necesitan de la comunidad.
Entre las muchas que podríamos nombrar señalamos, por ejemplo, los Cottolengos Don Orione, obra con un profundo arraigo en la vida social y comunitaria donde la continuidad del cuidado de 1.200 personas con discapacidad se encuentra hoy en riesgo real e inmediato.
Los compromisos de organismos nacionales no se regularizan desde finales de 2025, mientras las instituciones deben afrontar costos actualizados de funcionamiento y personal.
Las consecuencias ya comienzan a hacerse sentir: endeudamiento creciente, riesgo de cierre de hogares, imposibilidad de incorporar nuevas personas y deterioro en la calidad de los servicios. En muchos casos, además, se trata de residentes que requieren atención integral para alimentarse, higienizarse y realizar las actividades más básicas de la vida cotidiana.
En mayo del año pasado habíamos advertido que “las personas con discapacidad no pueden esperar”.
Ante la angustiante situación actual queremos pedirle encarecidamente el cumplimiento de la Ley 24.901, que establece el sistema de prestaciones básicas para las personas con discapacidad.
Las obras que hoy se encuentran en peligro de continuidad, muchas de ellas nacidas del compromiso de comunidades religiosas y civiles, constituyen un verdadero patrimonio social de nuestra patria.
El respeto de la vida humana y el cuidado de los más frágiles, en especial de las personas con discapacidad, son cimientos sobre los que se edifica toda sociedad. Por eso suplicamos que pueda encontrarse una respuesta concreta, visible y urgente que permita dar estabilidad a este sector tan vulnerable.
La discapacidad no puede quedar expuesta a recortes, ni las personas que viven esta realidad pueden ser sometidas a disputas administrativas o coyunturas políticas. En nombre de tantas instituciones, familias y personas que hoy viven con angustia esta situación, nos urge pedir que el Estado pueda ofrecer una pronta respuesta que asegure la continuidad de estos servicios indispensables.
Quedamos a disposición para todo diálogo que pueda contribuir a una solución.
Lo saludan atentamente,
Marcelo D. Colombo, arzobispo de Mendoza, Presidente
Ángel S. Card. Rossi, arzobispo de Córdoba, Vicepresidente 1°
Cesar Daniel Fernández, obispo de Jujuy, Vicepresidente 2º
Raúl Pizarro, obispo auxiliar de San Isidro, Secretario General
Comisión Ejecutiva
Conferencia Episcopal Argentina