(30/03/2026) La Obra Don Orione, con 90 años de trayectoria en el cuidado de la vida en Argentina, atraviesa hoy una situación de extrema gravedad económica que pone en riesgo la continuidad de sus servicios. La combinación de aranceles desfasados, una inflación que no da tregua y la interrupción en la cadena de pagos estatal ha generado un escenario de vulnerabilidad para las 1.200 personas con discapacidad que asiste la institución en todo el país.
El quiebre de la cadena de pagos
La crisis actual no es solo administrativa; es una amenaza directa a la sostenibilidad de los hogares y servicios. Según explican voceros de la Obra, “se rompió la cadena de pagos”. Los compromisos de organismos nacionales no se regularizan desde finales de 2025, lo que ha obligado a la institución a agotar sus recursos propios para mantener la atención diaria.
Este problema se agrava debido a la brecha de ingresos y egresos: mientras los costos de vida (alimentos, medicamentos, servicios y salarios por acuerdos paritarios) suben mes a mes, los aranceles que fija el Estado se actualizan tarde y muy por debajo de la inflación. Durante gran parte del último año, el sector operó con valores congelados, absorbiendo una inflación acumulada superior al 30% sin ninguna compensación inmediata.
La vulneración de derechos consagrados
No estamos ante un pedido de auxilio financiero, sino ante la necesidad de garantizar derechos básicos. La discapacidad no puede ser sinónimo de desprotección. Actualmente, las 1.200 personas que viven en los Pequeños Cottolengos dependen de la Obra para cada aspecto de su vida cotidiana; muchas de ellas no cuentan con otra red de contención.
Cada vez que el sistema de financiamiento falla, se vulnera la Ley 24.901 y la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene jerarquía constitucional en nuestro país. Como se ha señalado desde la institución: “No pedimos un favor ni una donación, pedimos el cumplimiento de la ley”.
Una infraestructura que no puede esperar
El sostenimiento de una obra de esta magnitud implica no solo el cuidado profesional, sino el mantenimiento de infraestructuras que, en muchos casos, tienen décadas de historia. La falta de recursos ha obligado a postergar tareas esenciales de conservación en los edificios, lo que incrementa el riesgo de deterioro en espacios comunes.
Asimismo, la crisis limita la capacidad de respuesta ante nuevas demandas de la sociedad. En este momento, la imposibilidad de garantizar el financiamiento futuro impide la incorporación de nuevos residentes, dejando a muchas familias sin el apoyo que necesitan.
El valor del trabajo y el rol del Estado
La planta de personal de la Obra Don Orione es la estrictamente necesaria para garantizar una vida digna. “Los empleados son los necesarios para cuidar a las personas. Hay residentes que requieren atención total para alimentarse, higienizarse y realizar actividades cotidianas”.
Resulta paradójico que, mientras el Estado presenta demoras críticas en los pagos de las prestaciones, se exija a las organizaciones sin fines de lucro el cumplimiento fiscal inmediato y sin demoras. Es necesario un diálogo que se traduzca en hechos concretos y en plazos que el sistema pueda sostener, ya que la buena voluntad no alcanza para cubrir medicamentos o salarios.
90 años de servicio junto a los más vulnerables
Desde hace nueve décadas, la Obra Don Orione sostiene su misión bajo la convicción de que “sólo la caridad salvará al mundo”. Sin embargo, para que esa caridad siga transformando vidas, se necesitan condiciones mínimas de previsibilidad.
La Obra Don Orione va a seguir de pie, pero hoy necesita que el Estado cumpla con su rol y esté de pie junto a ella. No pedimos privilegios; pedimos que la Argentina sea fiel a sus propias leyes para que 1.200 personas con nombre, historia y dignidad no queden desamparadas.
Informe:
La situación de las personas con discapacidad en Argentina
La protección de las personas con discapacidad (PcD) en Argentina se fundamenta en leyes clave que han buscado garantizar sus derechos a lo largo de las décadas:
- Ley 24.901 (1997): Estableció el sistema de prestaciones básicas, obligando a obras sociales y al Estado a cubrir servicios de rehabilitación, transporte y asistencia.
- Convención Internacional (2008/2014): Argentina aprobó la Convención de la ONU y posteriormente le otorgó jerarquía constitucional.
- Ley 27.793 (2026): Es la normativa más reciente que busca proteger a las PcD, sus familias y a los prestadores de servicios.
¿Cómo se financian las instituciones?
Las entidades como los Cottolengos no reciben un presupuesto fijo, sino que operan bajo un sistema de “pago por prestación”.
Esto implica que:
- La institución factura al financiador (obras sociales, prepagas o el Estado) según los servicios brindados (hogar, centro de día, terapias).
- Desde diciembre de 2025, tras la disolución de la ANDIS, el Estado responde a través de la Secretaría de Discapacidad del Ministerio de Salud.
- El valor de cada servicio lo define el Estado mediante el Nomenclador Nacional.
La brecha de Ingresos y Egresos, y la Crisis Estructural
El sistema atraviesa un punto de quiebre debido a tres factores que asfixian a las instituciones:
- Costos en alza: Los sueldos, alimentos y medicamentos suben de forma constante.
- Aranceles atrasados: Los valores que paga el Estado se actualizan tarde y por debajo de la inflación. En 2025, los aranceles estuvieron congelados durante 9 meses frente a una inflación oficial del 31,5%.
- Demoras en los pagos: Las instituciones deben prestar el servicio y esperar meses para cobrar, lo que genera un déficit mensual creciente.
Consecuencias y Pedido de la Obra
Esta situación ha vuelto inviable el sistema, ya que las instituciones cobran con valores viejos pero deben pagar sueldos actualizados. Las consecuencias directas incluyen:
- Endudamiento y riesgo real de cierre de hogares.
- Imposibilidad de incorporar nuevas personas y reducción en la calidad del servicio